Los peligros de la minería metálica en nuestro país se deben no sólo a los 29 proyectos (28 en fase exploratoria y uno en espera del permiso de explotación) ubicados en la zona norte, sino también a los que pretenden ejecutarse en zonas fronterizas de Honduras y Guatemala, cuyos desechos terminarían en ríos y lagos salvadoreños.
Recientemente pobladores de Morazán, San Miguel y La Unión llegaron a la Asamblea Legislativa para advertir sobre la posible contaminación de los ríos Torala, Guascorán y otros afluentes de esa región a causa de proyectos mineros en el sur de Honduras, y con eso incrementar los daños de antiguas actividades mineras.
De igual forma comunidades del norte de Santa Ana y la Alcaldía de Metapán denuncian la amenaza de contaminación de los ríos Angue y Lempa, el lago de Güija y la laguna de Metapán, afluentes que serían alcanzados por los residuos de una mina en Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala), a sólo 18 kilómetros de Metapán.
Según Nahúm González, funcionario medioambiental de la comuna metapaneca, las aguas residuales provenientes de la extracción de oro en el Cerro Blanco llegan al río Ostúa, el cual conecta con el río Angue, que desemboca en el lago de Güija y éste tiene conexión subterránea con la laguna de Metapán y el río Lempa.
González declaró el pasado fin de semana a un diario matutino que dichos afluentes podrían estar ya contaminados con plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados debido a que la mina ya empezó a operar. Con eso aumentaría la contaminación que provocan actividades industriales en la zona, advirtió el representante municipal.
Tan grave es la amenaza que desde el pasado 25 de septiembre personeros del Ejecutivo (Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Estudios Territoriales y Ministerio de Relaciones Exteriores), junto a la Alcaldía de Metapán y el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala monitorean la calidad del agua que llega al Lempa.
Los afluentes en peligro abastecen de agua para consumo humano y permiten la pesca, agricultura y ganadería en la zona. Pero el mayor riesgo es la contaminación del Lempa que –vale recordar– provee la mitad del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador y recorre dos terceras partes del territorio nacional.
Si el gobierno quiere evitar esta tragedia debe negar los permisos de explotación solicitados por las empresas mineras, basado en el artículo 15 de la Ley de Minería, que permite declarar incompatibles con la minería los lugares poblados, zonas de recarga hídrica, reservas naturales, sitios de patrimonio cultural, entre otros.
Luego debe exigir a sus similares de Guatemala y Honduras no descargar residuos mineros en ríos que conectan con afluentes salvadoreños, especialmente en los que desembocan o tiene conexión subterránea con el Lempa. Los gobiernos vecinos son soberanos, pero sus acciones no deben dañar nuestro medio ambiente.
La denuncia de comunidades y Alcaldía de Metapán confirma la inviabilidad de la minería en Centroamérica dada la cercanía de sus poblaciones, conexión entres sus afluentes y su débil institucionalidad (excepto Costa Rica, donde la Fiscalía investiga al presidente Oscar Arias por quitar la moratoria y permitir un proyecto minero en una área protegida).
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica