En declaraciones recientes de su presidente Thomas Shrake, Pacific Rim reiteró su amenaza de demandar al estado salvadoreño –amparándose en disposiciones del CAFTA– por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).
Según la empresa canadiense, la negativa del gobierno es arbitraria y violatoria de sus “derechos” adquiridos con la “inversión” de $77 millones en actividades de exploración minera y financiamiento de “obras sociales” en la zona.
Pacific Rim se presenta como víctima del “irrespeto a las reglas del libre comercio” y al “sesgo anti inversionista” del gobierno, como lo refleja una pieza publicitaria –disfrazada de nota periodística– del Wall Street Journal publicada el pasado 25 de agosto.
Pero el reclamo de la minera no tiene base legal, pues la Ley de Minería establece que las licencias de explotación no son automáticas, sino que dependen del cumplimiento de los requisitos ambientales, requerimientos que –como ha declarado varias veces el ex-ministro Hugo Barrera– Pacific Rim no pudo cumplir.
Por tanto, el Ejecutivo no ha irrespetado ninguna normativa ni violentado “derechos” de Pacific Rim. Al contrario, es la empresa minera la que ha incumplido leyes y atropellado derechos de la población, delitos por los cuales sus directivos, accionistas y promotores deben ser enjuiciados.
O ¿acaso es legal que Pacific Rim haga exploraciones mineras con permisos vencidos? ¿No es delito que la empresa minera seque y contamine afluentes en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque? ¿Es lícito que Pacific Rim difunda propaganda anónima y publicidad engañosa (minería verde)?
¿No es ilegal quitar los colores patrios de las escuelas para pintarlas con el verde y blanco de la compañía minera? ¿Es lícito que Pacific Rim compre la voluntad de diputados y alcaldes ¿Es legal que la empresa canadiense provoque conflictos en comunidades próximas a sus proyectos? ¿No es delito difamar y amenazar a las más altas autoridades de la Iglesia Católica, representantes de agencias de cooperación y a líderes comunitarios que rechazan la explotación minera?
Entonces, ¿quién debe demandar a quién: Pacific Rim al gobierno salvadoreño por negarle el permiso, o es la Fiscalía la que debe procesar a la empresa minera por los ilícitos cometidos?
¿Quién es la víctima: Pacific Rim, o los pobladores de Chacalín, El Palmito, Hacienda Vieja, Palo Bonito y otras comunidades que se quedaron sin agua; Pacific Rim, o Santos Rodríguez, poblador de Cabañas, agredido por un simpatizante minero; Pacific Rim, o el Arzobispo de San Salvador, insultado por activistas de la empresa minera?
¿Debe el gobierno indemnizar a Pacific Rim por las pérdidas resultantes de una “inversión” arriesgada, o es la empresa minera la que debe compensar los daños ambientales y sociales causados?
Quién debe demandar a quién. Ésa es la cuestión. Son las víctimas las que demandan al victimario, y no al revés. El gobierno, además de proceder judicialmente contra Pacific Rim, debe negarle en forma definitiva el permiso para no darle justificaciones sobre la supuesta violación a sus “derechos” adquiridos.
La Asamblea Legislativa, por su parte, debe aprobar una ley que prohíba la minería de metales para cerrar las puertas a las empresas mineras y evitar nuevas amenazas como la posible demanda de Pacific Rim.