SAN SALVADOR. – La escena era contradictoria. Había un lado festivo: petardos, sonido de tambores y silbatos a ritmo de batucada, y había uno mortuorio: un ataúd negro que ardía en el fuego.
Se trataba del «entierro simbólico» de la empresa minera canadiense Pacific Rim, que decenas de pobladores de varias comunidades rurales del país, afectadas por la explotación minera de oro y plata, realizaron en el centro capitalino el viernes por la noche.
«Queremos que la mina El Dorado se cierre», reclamó Juan Carlos Moreno, de 21 años, uno de los manifestantes en el centro capitalino, tras participar en el «Encuentro de comunidades afectadas por la minería», que se realizó durante el fin de semana en San Salvador.
El joven había viajado varias horas desde el departamento de Cabañas, a unos 65 kilómetros al norte de San Salvador, para crear conciencia ciudadana de que la «explotación minera causará daños» a la población en general.
La actividad, a la que también se sumó medio centenar de transeúntes, es parte de la campaña «Yo rechazo la minería», y reunió, además, a miembros de organizaciones sociales que se oponen a la explotación minera porque «amenaza» los recursos hídricos y la salud pública.
Muy a pesar del rechazo de la mayoría de residentes de la zona, vapuleada por altos índices de pobreza, la Pacific Rim se encuentra a la espera de recibir el permiso gubernamental para iniciar la explotación de oro y plata en la mina El Dorado, ubicada en la comunidad San Isidro, en el corazón de Cabañas.
Los pobladores han denunciado que la minera se ha aprovechado de las condiciones de pobreza de la gente para «chantajearlos», ofreciéndoles miles de empleos, mejoras de las calles y útiles escolares para sus hijos, a cambio de apoyar el proyecto minero.
Pero señalan que eso únicamente lo harán mientras la mina sea explotada y que una vez extraigan los metales preciosos y la compañía se marche, los problemas de contaminación, escasez de agua y enfermedades comenzarán a salir a flote.
Cabañas es el segundo departamento, después de Morazán, con mayor pobreza, donde más de 55 por ciento de los habitantes son pobres. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene el peor desempeño en desarrollo humano, un índice que combina escolaridad, esperanza de vida e ingreso por persona.
La empresa adquirió la propiedad de 144 kilómetros cuadrados en 2002, cuando se fusionó con la compañía Dayton Mining. A partir de entonces, obtuvo permisos para explorar.
Sus estimaciones indican que puede extraer 1,2 millones de onzas de oro y 7,4 millones de onzas de plata en unos seis años, pero ambientalistas consideran que esas cifras son más bajas que las reales. En el mercado internacional la onza de oro se cotiza en unos 850 dólares.
Luis Trejo, asesor ambiental de la Pacific Rim, dijo a principios de este año que la mina crearía unos 2.000 empleos directos e indirectos, y pagaría al Estado hasta 3% de impuestos sobre ventas brutas, de aprobarse la nueva ley.
En El Salvador, 24 proyectos con permisos para exploración esperan que entre en vigor una ley de minería, en discusión en el parlamento, que daría luz verde a los permisos de explotación, actualmente suspendidos.
El proyecto de ley, presentado por el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN) pretende dotar a la minería de tres pilares, «marco regulatorio claro, un ente que vigile y haga cumplir la ley y una clasificación de las empresas que cumplan con las normas internacionales», manifestó Orlando Arévalo, diputado de esa fuerza política.
Pero para la oposición de izquierda, la iniciativa crearía una autoridad autónoma encargada de otorgar las concesiones, despojando a los ministerios de Economía y Medio Ambiente de esa atribución y sin contemplar un estudio estratégico ambiental.
Veneno en el agua
De abrirse la explotación minera nuevamente, advierten los ecologistas, El Salvador sufriría impactos sociales y ambientales severos, como el drenaje ácido, la contaminación de las aguas y la evaporización de cianuro, utilizado en el proceso para separar el oro y la plata de la roca.
La minería, además, profundizaría la escasez de agua en varias zonas, agregan observaciones científicas.
El impacto «más severo sería causado por la evaporización del cianuro a 26 grados Celsius, que luego, con las precipitaciones de lluvias» sería esparcido no sólo en las zonas de explotación, sino en buena parte de la región centroamericana, de «acuerdo a la velocidad que adquiera el viento», dijo Florian Erzinger, químico ambiental en sistemas acuáticos, del Politécnico de Zurich, Suiza.
«La contaminación no necesita pasaporte» para atravesar fronteras, subrayó Erzinger, autor del estudio «Impacto ambiental de la explotación minera en el río Lempa y consecuencias en el área metropolitana de San Salvador», presentado a mediados de noviembre en San Salvador.
Un tercio del agua que consumen más de dos millones de habitantes del área metropolitana de San Salvador proviene del río Lempa, que nace en el sudeste guatemalteco, pasa por Honduras para luego serpentear, desde la zona norte, casi todo El Salvador en forma de línea limítrofe de varios departamentos, hasta desembocar en el océano Pacífico.
Los 24 proyectos mineros se concentran en la franja norte, dedicada a la agropecuaria y cruzada por el Lempa. La cuenca del Lempa tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados e incluye la confluencia de varios cursos de agua, como el San Francisco, que sería contaminado por el drenaje ácido, según el estudio.
«Los drenajes ácidos» de mercurio y cianuro, arsénico, zinc y aluminio, que estarían «muy por encima de los límites permisibles», contaminarán las aguas superficiales, provocando muchas enfermedades, señala la investigación, auspiciada por la institución católica Cáritas – El Salvador y la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) .
Debido a la extracción de grandes cantidades de agua que requiere la explotación de los metales preciosos, «los mantos freáticos bajarán hasta 400 metros de profundidad», agregó el investigador.
Erzinger tomó, entre otros ejemplos, El Dorado, que insumiría entre 75 y 110 litros de agua por segundo de los mantos acuíferos y del río San Francisco, fuente de agua de la población local.
Un salvadoreño común utiliza la mitad de esa cantidad por día, según Erzinger.
La explotación minera, dicen los expertos, afectaría a cuatro millones de personas de una población de un poco más de 5,7 millones, de los cuales más de 1,5 millones no tienen acceso a agua potable, según reconocen las autoridades.
El Salvador no tiene tradición minera. A fines del siglo XIX se desarrollaron los primeros proyectos mineros, pero desaparecieron años después. En 1940 la explotación revivió, para decaer en los años 50.
Residentes de la comunidad San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión, quienes participan en el encuentro, aseguran que varios ríos en la zona están contaminados con hierro, cobre y aluminio, debido a operaciones de extracción en un yacimiento cercano entre 1950 y 1981, a cargo de la empresa Commerce Group, que en 2007 fue demandada ante la justicia.
En tanto, la Conferencia Episcopal se pronunció el año pasado contra la explotación minera, pues «causa daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes».
Pero además de los efectos ambientales y escasez de agua, Ángel Ibarra, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), advierte que los costos sólo correrán a cuenta de los salvadoreños, mientras las mineras se llevarán casi todos los beneficios económicos.
En 10 o 15 años de explotación de los 24 proyectos, se obtendrán «más de 9.000 millones de dólares para las empresas», precisó el ambientalista, en referencia a las estimaciones de la investigación de Erzinger, que se basó en la cantidad de metales preciosos que las mineras extraerían.
De esas ganancias, las empresas deberán pagar impuestos y regalías por unos 180 millones de dólares al gobierno nacional y las alcaldías de las zonas a explotar. «Es una gran estafa», sostuvo Ibarra.
Los salvadoreños deben de saber que «la minería no es un problema exclusivo de las comunidades de la zona sino de toda la población», subrayaron los manifestantes luego del «funeral» de la Pacific Rim.