La industria minera violenta derechos humanos en todos los países donde se realiza. Amenazas, destierros, enfermedades y asesinatos, son algunos atropellos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, especialmente de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Cuando las empresas extractivas encuentran depósitos minerales, intentan comprar las tierras a quienes las habitan y trabajan. Pero, cuando las comunidades se resisten, empiezan las presiones y amenazas que terminan en desplazamientos forzosos. Esto violenta los derechos a la propiedad, vivienda y trabajo.
Ya instaladas, las mineras provocan conflictos entre familias, vecindarios y comunidades. También envenenan agua, aire y suelos. Además dañan la pesca, agricultura y ganadería. Todo esto atenta contra los derechos a la seguridad e integridad física y psíquica, alimentación y a un medioambiente sano.
La contaminación con cianuro, metales pesados y drenaje ácido causa diversas enfermedades. Esto incumple los derechos a la salud y bienestar. Cuando los padecimientos como insuficiencia renal y cáncer de piel o pulmonar son mortales, se violenta el más fundamental de los derechos: la vida.
Al interior de las minas, los obreros reciben bajos salarios, realizan extenuantes jornadas de trabajo y son víctimas de constantes derrumbes, explosiones y otros accidentes. Con esto, los derechos a una remuneración digna, seguridad laboral y otros derechos son irrespetados por las empresas extractivas.
Cuando termina la explotación y procede el cierre de las minas, las compañías se retiran sin resarcir los daños que causaron. Las comunidades quedan con su ecosistema destruido, actividades productivas arruinadas y su vida amenazada. El derecho a compensación o indemnización justa, es violentado.
Para imponerse a la voluntad popular y al interés nacional, las compañías mineras corrompen y ponen de su lado a las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales y municipales. Pero no sólo compran la voluntad de funcionarios estatales, sino también de líderes comunitarios y religiosos.
El marco legal, sobre todo ambiental y laboral, es atropellado constantemente. La impunidad es compañera frecuente de las empresas mineras. Aún así, éstas acostumbran presentarse como víctimas, enjuician a pobladores y demandan en tribunales corporativos a gobiernos que rechazan sus peticiones.
Esta realidad es alarmante en países africanos y asiáticos como Gana, Kenia, Birmania e Indonesia. Pero también puede suceder en El Salvador. Las vejaciones y delitos cometidos por Pacific Rim muestran que la minería arrasaría con los derechos humanos, el estado de derecho y nuestras instituciones.
El secado de afluentes en San Isidro, daños a la agricultura en Guacotecti y los conflictos en Sensuntepeque violan derechos humanos. El irrespeto a las leyes de Minería y de Medio Ambiente, niegan el estado de derecho. Y el activismo minero de varios alcaldes y diputados, daña la institucionalidad.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.