Minería y golpe de Estado*
Los autores intelectuales del golpe de Estado en Honduras no son sólo grupos oligárquicos locales, la derecha continental y viejas estructuras del gobierno estadounidense que aún no controla el presidente Barack Obama. Varios hechos también sugieren la posible responsabilidad de empresas mineras canadienses en el rompimiento del orden constitucional en el hermano país.
En noviembre de 1998, mientras el pueblo hondureño todavía recogía sus muertos y lloraba la destrucción del devastador Huracán Mitch, el Congreso aprobó una ley de minería que le entregó el país a las empresas extractivas, la mayoría procedentes de Canadá.
Un promotor intenso de las transnacionales mineras es el actual presidente de facto Roberto Micheletti. Este empresario de origen italiano y diputado durante 27 años (1982-2009) es un febril detractor de quienes rechazan la minería metálica, especialmente de Monseñor Luis Alfonso Santos, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, varias veces amenazado de muerte.
Monseñor Santos denunció –en septiembre de 2006– que las empresas mineras “repartían dinero a manos llenas”, comprando voluntades y financiando las campañas electorales de los parlamentarios conservadores, a cambio de que éstos no modificaran la ley de minería.
Con esto, la furia de las mineras y el odio de Micheletti tocaron fondo. Así, apareció el abogado Pablo Valladares (una especie de Luis Gómez Zárate hondureño), asesor del Tribunal Supremo Electoral, solicitando al Vaticano suspender a Monseñor Santos por “violentar” disposiciones del Derecho Canónico que instan a los Obispos a fomentar la paz y la concordia.
“La práctica de las compañías mineras en un país pobre, subdesarrollado y pequeño como Honduras es sobornar. Aumentan la corrupción gubernamental, contaminan el ambiente y luego se van, llevándose todo, sin dejar ganancias al país”, había dicho el prelado de Copán.
En mayo de 2009, el presidente Manuel Zelaya promovió una nueva ley minera que prohíbe las minas a cielo abierto, elimina el uso de cianuro y otorga a las comunidades derecho a decidir sobre los proyectos mineros. La Asociación de Minería Metálica de Honduras, dominada por empresas canadienses, respondió con una feroz campaña contra Zelaya y su “cuarta urna”.
La Prensa y otros diarios hondureños “denunciaron” que esta propuesta de nueva ley minera fue elaborada por el presidente Zelaya, organizaciones ambientalistas, Monseñor Santos y los diputados “izquierdistas” del minoritario partido Unificación Democrática (UD).
Además de influir en la política de los países donde se instalan, las mineras canadienses ejercen un fuerte “lobby” en las relaciones exteriores de su propio gobierno. Por algo, trascendió que Canadá se negaba a condenar el golpe de Estado en Honduras. Al final, el Secretario de Estado para las Américas, Peter Kent, lo hizo, pero sin pedir la restitución del presidente Zelaya.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería
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