Prueba de fuego

25 de noviembre de 2009

Una demostración importante de que El Salvador busca combatir la impunidad, sería la condena de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, expresó el influyente congresista estadounidense James McGovern, en su reciente visita al país.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.