Fiscalía y Policía negligentes*
El señalamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no puede ser más contundente: acusa a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil de actuar con negligencia en la investigación de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de ambientalistas opositores a los proyectos mineros.
El procurador Óscar Humberto Luna interrumpió sus vacaciones de fin de año, el 28 de diciembre recién pasado, para llamar la atención del país entero sobre la alarmante situación de Cabañas y exigir a las autoridades fiscales y policiales que acaben con la impunidad que promueve asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra defensores del medioambiente.
Estos hechos mueven a extrema preocupación, pues demuestran graves omisiones cometidas por las autoridades estatales, referidas a medidas eficaces de protección a las víctimas y acciones investigativas que lleven a la determinación de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, declaró el Procurador, en conferencia de prensa.
Según la PDDH, los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto –el 20 y 26 de diciembre, respectivamente– se habrían evitado si Fiscalía y Policía les hubieran protegido adecuadamente e investigado a profundidad el homicidio de Gustavo Marcelo Rivera, el atentado contra Ramiro Rivera y los intentos de asesinato contra José Santos Rodríguez, esposo de Dora Alicia.
Acompañado de representantes del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y varios líderes comunitarios del cantón Trinidad (Sensuntepeque) amenazados de muerte por oponerse la minería metálica, el Procurador también solicitó la creación de un Grupo Fiscal y Policial Especial para investigar los atentados y amenazas contra defensores ambientales y sus familiares.
Ojalá los titulares de la Fiscalía, Policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad acaten la exhortación de la PDDH. Incluso, el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien recientemente aseguró estar del lado de los ambientalistas, debería ordenar la pronta integración del sugerido grupo de investigación fiscal y policial especializado, para acabar con la impunidad y evitar nuevos crímenes en Cabañas.
Funes también podría demostrar que está del lado de los ambientalistas, depurando la Policía de Cabañas, promoviendo una ley que prohíba la minería de metales –causa principal de la conflictividad en dicha zona– y asumiendo una postura más firme contra las compañías mineras que exigen al Estado salvadoreño millonarias indemnizaciones mediante demandas ilegítimas en el CIADI.
Las instituciones encargadas de la seguridad y la justica tienen que actuar rápidamente, ante la mirada preocupada de la comunidad internacional, que ya ve a El Salvador como el país donde asesinan a los defensores del medioambiente que rechazan los proyectos mineros y, lo que es peor, bajo el primer gobierno de izquierda, encabezado por uno de los presidentes mejor evaluados en todo el Hemisferio Occidental.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
