Son condenables las amenazas contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, uno de los pocos funcionarios públicos salvadoreños que cumplen su función en forma plena y oportuna, él y su equipo de procuradores adjuntos.
El Procurador Luna fue amenazado el 8 y 19 de enero recién pasados, a través de llamadas telefónicas a su oficina, por un autodenominado “grupo antidelincuencial”, que le otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el país y evitar que él o su familia fueran asesinados.
Las intimidaciones al Procurador surgen en el marco del debate sobre medidas de combate a la inseguridad y criminalidad, donde destaca la posible mayor participación de la Fuerza Armada y probables estados de excepción propuestos por el Ministerio de Defensa.
Vale recordar que Luna criticó que el Ejército efectuara tareas de seguridad pública. Luego avaló la medida, siempre que fuera temporal y parte de una estrategia integral contra la delincuencia. Y cuando hubo atropellos de militares contra civiles, lo denunció con firmeza.
El Procurador también se ha pronunciado sobre despidos en entidades estatales (varios ministerios, algunas autónomas, Alcaldía de San Salvador y Corte Suprema de Justicia), amenazas contra sindicalistas, conflictividad minera en Cabañas y otros temas que tocan fuertes intereses.
Sobre la problemática minera, Luna ha tenido un desempeño loable. Frecuentes exhortaciones a las autoridades pertinentes sobre los peligros de la minería de metales y –junto a sus homólogos centroamericanos– hizo el mismo llamado a los gobernantes de la región.
Después denunció la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, los crímenes en Trinidad, las amenazas al personal de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y demás vejámenes cometidos contra activistas del medioambiente en Cabañas.
Las amenazas a Luna, paradójicamente, aparecen en vísperas de la celebración del décimo octavo aniversario de los Acuerdos de Paz, marcado por la petición de perdón del Presidente de la República, Mauricio Funes, por los crímenes cometidos por el Estado durante la guerra.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa su más enérgico rechazo a las intimidaciones contra el Procurador Luna, y demanda de la Fiscalía identificar a los autores intelectuales y materiales. Y a la Policía exige garantizar su integridad y la de su grupo familiar.
Además, aprovecha la ocasión para exhortar a todas las instituciones gubernamentales (Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, etc.), aludidas en las diferentes resoluciones del Procurador, acatarlas y cumplir con todas sus recomendaciones.
Especialmente la Fiscalía, Policía y Ministerio de Justicia y Seguridad, a quienes Luna ha pedido investigar a profundidad todos los crímenes en Cabañas provocados por la conflictividad minera, e implementar medidas de protección efectivas para evitar nuevos asesinatos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
