La actitud gubernamental frente a la grave situación ambiental del país es, cada vez, más preocupante. El Ejecutivo aborda problemas –como la contaminación del agua– presentando diagnósticos sin propuestas de solución y otros –como las demandas de las empresas mineras– ni siquiera se atreve a abordarlos públicamente.
El 22 de marzo de este año, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) celebró el Día Mundial del Agua actualizando el diagnóstico de la situación de los recursos hídricos, en el informe titulado “Calidad del Agua en los Ríos Salvadoreños”.
De los 55 ríos analizados en el estudio, sólo 14 pueden potabilizarse para consumo humano y 15 pueden utilizarse en la agricultura, siempre que el agua sea tratada para evitar la contaminación de los cultivos.
Ante tan grave problemática, el MARN se limitó a proponer la instalación de un “observatorio del agua”, una iniciativa propia de una organización ambientalista.
En vez de esto, el Ejecutivo debió pedir al Parlamento la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, que prohíba construir residenciales e instalar fábricas cerca de ríos; la ley de agua, para proteger los afluentes superficiales y subterráneos; y la ley de saneamiento, que impida lanzar desechos contaminantes a los ríos y recupere la limpidez del agua.
Un mes después, el 22 de abril, la conmemoración oficial del Día Mundial de la Tierra se limitó a la realización de un concierto sinfónico y al anuncio de incorporación de nuevos sitios al sistema de Áreas Naturales Protegidas.
Además de esto, el MARN hubiera respaldado la reforma a la Ley de Minería que se discute en el Congreso para prohibir en forma definitiva la minería metálica. También hubiera presentado su política sobre cambio climático y enviado representantes a la Cumbre sobre Derechos de la Madre Tierra, efectuada en Cochabamba (Bolivia).
El 14 de abril, una semana antes, el Ejecutivo hizo algo patético: se negó a participar en el foro internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, organizado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
A dicho evento fue invitado el Presidente Mauricio Funes o –en su lugar– algún delegado suyo: secretario de Asuntos Estratégicos, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario técnico de la Presidencia o el ministro de Economía.
El motivo es la decisión política de no referirse en público a la demanda de Pacific Rim contra el Estado en el CIADI, algo sugerido por los abogados que representan a El Salvador en el arbitraje, cuya primera audiencia será el 31 de mayo próximo, en Washington.
Inacción y silencio son, entonces, los aspectos característicos de la política ambiental del Ejecutivo. Lo grave de la situación socioambiental del país requiere un cambio de actitud, antes de que algunos problemas ecológicos sean irreversibles.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.