El Presidente de la República, Mauricio Funes, reiteró –a principios de este mes– su decisión de no permitir ningún proyecto minero en el país, y pidió a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tener confianza en que su gobierno cumplirá esta promesa.
Las plausibles declaraciones presidenciales fueron en el contexto la realización de la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y sus consecuentes reacciones: protestas simultáneas –organizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otras entidades ciudadanas estadounidenses y canadienses– en varias ciudades de Estados Unidos (Seattle, New York, Washington, Boston, entre otras) y de Canadá (principalmente en Vancouver); y en El Salvador, el rechazo arzobispal a la demanda de Pacific Rim y el respaldo de la Mesa a los argumentos del Estado salvadoreño en su defensa.
Como respuesta a lo expresado por el Presidente, la Mesa manifiesta –en primer lugar– su satisfacción por el compromiso del Gobierno del Cambio referido a salvaguardar el medioambiente y la vida, evitando la explotación minera; y su absoluta confianza en que dicho compromiso será cumplido.
Y –en segundo lugar– ratifica su demanda de aprobar una ley que otorgue validez jurídica a las referidas declaraciones del Mandatario. En tal sentido, reitera su solicitud al Jefe del Ejecutivo de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa de ley, a través de sus ministros de Medioambiente y de Economía, y pedir a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de minería metálica.
Para esto, la Mesa ha presentado un proyecto de nueva ley de minería y el grupo parlamentario del gobernante FMLN ha propuesto una reforma a la actual ley minera. Ambas propuestas, que coinciden en la prohibición de la extracción de metales, ya están en discusión de la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso.
Dichas mociones son bien vistas por algunos grupos parlamentarios, principalmente el FMLN y GANA. Sin embargo, sus posibilidades de aprobación serían mayores con el respaldo del Ejecutivo.
Una ley prohibitiva de la minería, como ha insistido la Mesa en varias ocasiones, no sólo impediría en forma terminante esta tenebrosa industria, sino que evitaría nuevas demandas de empresas mineras que podrían solicitar permisos y –cuando el gobierno se los niegue– proceder después a demandar al país en tribunales corporativos internacionales, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
Además, una prohibición definitiva de las actividades mineras (también reiterado por la Mesa en publicaciones anteriores) daría solvencia moral al gobierno salvadoreño para exigir a su homólogo guatemalteco suspender la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, que podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa.
Así, la demanda de rechazar definitivamente la minería, mediante una ley que la prohíba, no es una postura caprichosa ni un acto de presión política, sino una propuesta de concreción legal de la posición anti minera del Presidente Funes, cuyas declaraciones públicas no son por sí mismas vinculantes.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica