Ante la condena de seis procesados por el homicidio de cinco personas dedicadas a la protección del Medio Ambiente originarias del Cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, rechazó en conferencia de prensa la sentencia emitida por el Tribunal de Especializado de Sentencia, ya que no se responsabilizó a la totalidad de autores de los crímenes, así como también se dejó de fuera a los hechores intelectuales. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresó, además, su rotundo rechazo al regreso de Ástor Escalante como titular de la FGR, señalando que durante su gestión como titular en funciones de la FGR, en 2009, la actual situación de impunidad y poca efectividad del sistema judicial en general se mantuvieron. Así lo evidencian la persecución, las amenazas y el terror a ambientalistas y defensores de derechos humanos que se produjeron en ese año y se han seguido generando en Cabañas, sin que hasta hoy la Fiscalía y la Policía Nacional Civil hayan presentado resultados contundentes para identificar a los autores intelectuales que ordenan estas acciones. Un caso emblemático al respecto son los vejámenes que siguen sufriendo periodistas y miembros de Radio Victoria, en el municipio del mismo nombre en Cabañas. Las organizaciones sociales que conforman la Mesa, aseveraron que la intranquilidad constante que viven los defensores y defensoras del Ambiente y los Derechos Humanos, en concreto aquellos que rechazan la minería metálica, es una de las razones principales para descalificar el actuar de la Fiscalía General de la República y para demandar mayor idoneidad en el perfil de los candidatos a estos puestos de Gobierno.
La Mesa recordó además que, como en el caso del asesinato de Marcelo Rivera en 2009, la Fiscalía ha desestimado la hipótesis de que los crímenes de ambientalistas estén ligados a la actividad que realizaran contra la minería. Insistieron en que la persecución y amenazas previas a los asesinatos, la evidente planificación y el uso de armas de uso privativo de la Fuerza Armada, son algunos de los elementos que debieron ser considerados en las investigaciones, ya que se presume que existen autores intelectuales y hechores materiales que aún no están siendo investigados. A pesar de los constantes llamados por parte de las organizaciones sociales que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica para que se produzcan investigaciones serias y oportunas, señalaron que en el sistema de justicia actual los “crímenes políticos” cometidos en El Salvador, al amparo de la delincuencia común, han generado un clima de impunidad que garantiza que estos delitos se sigan cometiendo sin mayor riesgo para los presuntos autores intelectuales. En el caso de los asesinatos de ambientalistas, la versión de la Mesa es que la principal Institución del Estado encargada de garantizar el acceso a la pronta y cumplida justicia, la Fiscalía, ha descartado desde un primer momento las hipótesis que pudieran dar pie a investigaciones que llevaran a la captura y procesamiento de posibles autores intelectuales.
Según las organizaciones ambientalistas la FGR se equivoca también al desestimar a priori cualquier posible responsabilidad de personas ligadas a la empresa minera Pacific Rim en los asesinatos. Resulta contradictorio, agregaron, que la Fiscalía incluso haya dejado entrever que la incursión de la actividad minera en las comunidades es lo que dividió a las personas que habitan en ellas. La Mesa ha mantenido que éste es el detonante que llevó a los diversos homicidios de los y las ambientalistas y ahora la FGR irresponsablemente parece desconocer el hecho. Por último, en el caso de la sentencia emitida recientemente contra seis procesados por el asesinato de ambientalistas antimineros, la Mesa denuncia la sobrada retardación de justicia que existió y la cual es imputable a la Fiscalía General y a su titular, ya que son ellos quienes dirigen la investigación del delito. La Mesa recordó a las autoridades que a estos reprochables acontecimientos de 2009, les ha seguido una cadena de hechos también condenables y no esclarecidos por las autoridades como son: Las amenazas a muerte de las y los miembros de Radio Victoria, el intento de secuestro y de asesinato del Obispo Luis Alberto Quintanilla, y del sacerdote y secretario del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) Neftalí Ruiz, las amenazas a muerte al presidente de la Asociación de Desarrollo Social (ADES Santa Marta), Antonio Pacheco y las amenazas a muerte a miembros del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS-32) Héctor Berríos y Zenayda Serrano, de quienes aun no se tienen avances significativos en las investigaciones, negándoseles de esta manera una pronta y cumplida justicia. En razón de todo lo anterior, las y los salvadoreños, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, EXIGEN:
1. Una investigación objetiva, imparcial, sin sesgos ni intereses particulares o partidarios que beneficien o promuevan el surgimiento de grupos armados ilegales con motivación política, en el Departamento de Cabañas. A este respecto, no es aceptable bajo ninguna circunstancia que sea la población la que cargue con la comprobación de los hechos, ya que son las instituciones del Estado como la FGR y la PNC, las llamados a investigar.
2. Una investigación seria y exhaustiva de las causas que han generado la violencia en la zona de Cabañas, así como de las amenazas a muerte, intentos de secuestro y asesinatos que están siendo objeto los ambientalistas, defensores de derechos humanos de Cabañas y los periodistas de Radio Victoria, sin descartar cualquier línea de investigación que contribuya el esclarecimiento de los hechos.
3. Que se asigne al seguimiento de estos casos a fiscales que no hayan sido cuestionados anteriormente por violaciones al debido proceso y que no se presten a manipulación política en las investigaciones de los mismos.
4. Que se cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se brinde protección inmediata a las y los activistas sociales, a periodistas y defensores de derechos humanos de las organizaciones amenazadas y a aquellas que se encuentran en oposición a proyectos de minería metálica, por considerar que la integridad física de estas personas sigue en situación de grave riesgo.
5. A la Fiscalía General de la República y los funcionarios del ramo de Seguridad Pública que tomen con seriedad las conclusiones que, sobre casos similares, dictó el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en su informe del 28 de Junio de 1994 y que jamás fueron adoptadas por el Estado salvadoreño. Dicho Grupo señaló la mutación de las viejas estructuras de los escuadrones de la muerte hacia células más atomizadas que se vincularon a la violencia común y organizada, las cuales potencialmente pueden activarse para la violencia política, sin desmedro del fértil terreno que este submundo representa para la contratación de sicarios y para la profundización de la impunidad.
¡ALTO A LA PERSECUCIÓN DE AMBIENTALISTAS ANTIMINEROS!
