La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se pronuncia en rechazo a la criminalización de movimientos antimineros en Perú
Diferentes sectores de la sociedad salvadoreña organizados en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresamos hoy nuestra grave consternación por los recientes hechos violentos y las afectaciones de derechos humanos contra manifestantes indígenas y ambientalistas en Perú.
Junto con numerosas organizaciones de diferentes países de Latinoamérica y Europa protestamos este día frente a las embajadas de Perú de los distintos países, para denunciar la brutal represión que el gobierno peruano está impulsando contra movimientos de oposición a la minería metálica. En especial, repudiamos la escalada de violencia desatada en las últimas semanas contra poblaciones opositoras al proyecto Conga en Cajamarca y que ha dejado, hasta hoy, cinco muertos y varias decenas de heridos. La detención injustificada y con exceso de fuerza del reconocido defensor de Derechos Humanos, el ex sacerdote Marco Arana; así como los golpes, las vejaciones y las humillaciones propinadas a las defensoras de Derechos Humanos Dra. Amparo Abanto y Genoveva Gómez, nos parecen casos emblemáticos en este sentido.
Denunciamos que la brutal represión a la que han sido sometidos las y los miles de pobladores opositores al proyecto es muestra de la injerencia sin escrúpulos que las transnacionales mineras impulsan para continuar con su negocio de saqueo y extorsión a los pueblos latinoamericanos. En el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, celebrado el 22 de julio, reafirmamos nuestra convicción de lucha por un mundo sustentable e incompatible con una industria tan contaminante y destructiva como la minería metálica.
Llamamos al gobierno peruano y los demás gobiernos de la región a que hoy más que nunca debe defenderse la soberanía de nuestros pueblos en lugar de privilegiar los intereses de las corporaciones.Nos solidarizamos con la lucha del pueblo peruano, para quienes exigimos se les reconozca irrestrictamente sus legítimos derechos de asociación, manifestación y libre expresión para oponerse a proyectos de explotación minera.
Condenamos, a la vez, la instauración de un “Estado de Emergencia” que únicamente ha servido para criminalizar la lucha que las poblaciones del lugar están haciendo frente a la amenaza de ver contaminadas sus fuentes de agua y sus medios de vida.
Finalmente, en consonancia con el resto de acciones impulsadas en el resto del mundo, al gobierno peruano exigimos:
- Detener inmediatamente la represión y los ataques violentos contra manifestantes;
- Levantar el “Estado de Emergencia” que viola los derechos ciudadanos y ha llevado a la militarización de la región, que potencialmente puede llevar a actos violentos adicionales.
- Impulsar inmediatamente una investigación sobre el brutal arresto del padre Marco Arana y la intimidación de otros líderes de la oposición al proyecto Conga.
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