Los impactos sociales y ambientales de la actividad minera tienen íntima relación con la fragilidad o vacíos legales que padecen los países donde se ha esta extracción de recursos naturales, ante ello es imprescindible que se fortalezcan los conocimientos básicos en marcos jurídicos en materia ambiental para elevar el nivel de organización comunitaria de la lucha contra la minería, que es parte del objetivo de la segunda jornada del proceso de formación que realizo la Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador (MNFM) el pasado 13 de marzo del presente año.
La jornada contó con la participación activa de 40 representantes de comunidades, organizaciones de base, unidades ambientales y autoridades de gobiernos locales y organizaciones sociales de los municipios de de Arcatao, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad, Las Flores, del departamento de Chalatenango.
Los temas abordados en el II módulo del diplomado consistió en los vacíos legales que sufre el Estado salvadoreño, de igual forma la ausencia de un marco normativo especifico que prohíba la minería, dejando abiertas las posibilidades de que se permita esta perjudicial actividad.
También se presentó el caso de la demanda millonaria interpuesta por la empresa canadiense Pacific Rim en conspiración con la transnacional estadounidense Commerce Group contra el Estado salvadoreño ante un tribunal internacional bajo el argumento que se les perjudico por no permitirles invertir en minería en el país, que ha representado una erogación de $315 millones de dólares que el gobierno salvadoreño está en riesgo de pagar.
Hasta la fecha el juicio ha significado un gasto de $5 millones durante el litigio que representa un poco más del presupuesto en educación que el gobierno. Esta demanda es gracias al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidas con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Estos tópicos fueron parte de la facilitación sobre legislación salvadoreña a cargo de Saúl Baños, del área jurídica de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), organización miembra de la Mesa Nacional frente a la Mineria de El Salvador.
La mineria metálica no está prohibida en la normativa legal en el país, eso es lo preocupante de la situación que se vuelve una amenaza latente que se permita esta actividad que daña el medio ambiente, destaca en su ponencia Baños.
En tal sentido, es necesaria la aprobación de la Ley de Prohibición de Mineria Metálica que la Mesa ha presentado a la Asamblea Legislativa hace 6 años atrás, y hay que aprovechar que el nuevo gobierno de izquierda cumpla su palabra en que se comprometió su candidato y ahora presidente Salvador Sánchez Cerén, concluye Baños.
Compromiso público frente a la minería metálica
En el taller participaron autoridades locales del municipio de Chalatenango, quienes mostraron su agrado al desarrollo del diplomado y mostraron su disposición como funcionarios públicos en apoyar iniciativas legales frente a la minería.
“Mi compromiso que estamos trabajando ya una ordenanza municipal que prohíba rotundamente la exploración y explotación minera del territorio que representamos como alcaldesa”, manifestó Rosa Candida Alas, alcaldesa de la comunidad Las Vueltas.
De igual forma, su homologo se refiero a su compromiso contra la minería.
“A través de la Mesa Nacional frente a la Minería de El Salvador, se nos ha dicho que nos van a apoyar con la creación de una ordenanza municipal contra la minería metálica en el municipio, eso es lo que queremos contar con una herramienta que prohíba eso, destaco José Felipe Tobar, Alcalde de San José de las Flores.