Organizaciones sociales de El Salvador presentaron un Amicus Curiae ante el CIADI del Banco ,en el Caso Pacific Rim/Oceana Gold
Escrito por Alfredo Carías Tamaño letra Imprimir Email Sé el primero en comentar!
Washington DC. Organizaciones sociales de El Salvador presentaron un Amicus Curiae en el caso de la empresa transnacional Pac Rim Cayman LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), como parte de las acciones de incidencia que realizan a nivel internacional las comunidades salvadoreñas afectadas por la minería metálica, algunas de las organizaciones que forman parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y Oxfam.
El escrito del Amicus Curiae (en latín: “amigo de la corte” o “amigo del tribunal”) fue presentado por Antonio Pacheco, director ejecutivo y miembro fundador de ADES (Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta) quien se presentó ante el CIADI acompañado de la asesora senior de campañas en industrias extractivas de Oxfam, Sofía Vergara; del director del programa de derechos humanos y medio Ambiente del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Marcos Orellana y de una comitiva de salvadoreños residentes en Washington DC y Long Island que apoyan la defensa de El Salvador en este caso.
Esta iniciativa fue presentada por las siguientes organizaciones quienes además forman parte de La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica: Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR); Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES); CORDES; Asociación para el Desarrollo de El Salvador
(CRIPDES); Fundación de Estudios para la Aplicación de la Ley (FESPAD); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Movimiento Unificado Francisco Sánchez 32 (MUFRAS 32).
En el Amicus Curiae, las organizaciones argumentan que las medidas adoptadas por El Salvador en relación con el proyecto minero propuesto por Pac Rim cumplen con las obligaciones internacionales que adquirió El Salvador en diferentes tratados en materia de derechos humanos y medio ambiente. De acuerdo al documento, en particular, las obligaciones de los derechos humanos en el ámbito ambiental le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas realizadas por terceros.
Además, se refiere a que en las circunstancias hídricas y ambientales del país, la minería tiene graves implicaciones para el país e impone riesgos que son considerados inaceptables para la población y el medio ambiente. Por consiguiente, la aplicación por parte de El Salvador de un marco jurídico interno que proporcione protección efectiva a los derechos de las personas amenazadas por la actividad riesgosa de terceros no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario.
De igual forma, el respeto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, exigen la adopción de medidas que reflejen el contenido del diálogo social relativo a la utilización de recursos naturales en el país. Con estos y otros argumentos, las organizaciones sociales consideran que las reclamaciones de Pacific Rim no tienen asidero y deben ser desestimadas por el CIADI.
Las organizaciones expresaron su confianza de poder fortalecer la postura del Estado Salvadoreño para que esto aporte a un fallo favorable a El Salvador en su absolución.
Desde el 2009, la empresa minera canadiense Pacific Rim demandó al Estado Salvadoreño por $310 millones de dólares por no haberle concedido un permiso de explotación de la Mina de Oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
El caso continúa en la etapa de fondo en el seno del CIADI y se espera que este tribunal emita una resolución final para el próximo mes de septiembre de este año. Oxfam y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica continuarán con más acciones a nivel nacional e internacional para incidir en que Pacific Rim/Oceana Gold retire la demanda millonaria interpuesta contra El Salvador.