Hace 40 días, las organizaciones ciudadanas y comunidades del departamento de Cabañas sepultaron los restos de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia; a cuya desaparición forzada, torturas y asesinato siguió una serie de amenazas de muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, líderes religiosos y representantes comunitarios que rechazan los proyectos mineros de Pacific Rim.
Esta situación –propia de los años sesenta, setenta y ochenta– fue abordada con una aplaudible inmediatez por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pidió a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víctimas y realizar una investigación integral, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados, a fin de identificar y condenar a sus responsables intelectuales y autores materiales.
Sin embargo, dicha resolución ha sido acatada a medias. La Policía ha brindado medidas de protección a algunos de los amenazados a muerte, pero las investigaciones todavía no presentan resultados satisfactorios. En el caso de Gustavo Marcelo, se capturó a presuntos autores materiales, pero no a los intelectuales; y sobre las amenazas y atentados contra ambientalistas, sólo está detenido uno de los agresores de Ramiro Rivera. Los demás casos, totalmente impunes.
Por eso, este jueves 20 de agosto –en sendas concentraciones frente a la sede de la Fiscalía en San Salvador y en diversos puntos del país– pobladores de Cabañas insistirán en su demanda de realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables –intelectuales y materiales– de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo, las amenazas de muerte a miembros de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios que resisten a la minería.
También propondrán investigar la actuación de la empresa minera canadiense Pacific Rim y de las autoridades municipales de la zona, especialmente de San Isidro y Sensuntepeque, por su probable vinculación a los delitos señalados. Además, exigirán la depuración inmediata de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas. No sólo por su negligencia ante estos crímenes, sino también por su posible participación o complicidad en el cometimiento de los mismos.
Dado el diario incremento de las amenazas a muerte, pedirán incrementar las medidas de protección a las víctimas y a sus grupos familiares. Y de la Asamblea Legislativa demandarán la pronta elección de un Fiscal General de la República idóneo, independiente y decidido a investigar no sólo los graves ilícitos denunciados de Cabañas, sino toda la ola de delitos políticos, crimen organizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país.
Esta demanda debe asumirla la nación entera: todos los sectores políticos, empresariales, religiosos y ciudadanos, si queremos –como dice el escritor argentino Ernesto Sábato– revertir este abandono y detener esta masacre.