Es aplaudible que el presidente Mauricio Funes haya declarado –el lunes 31 de agosto recién pasado– con claridad y firmeza que no permitirá ningún proyecto de explotación minera, algo que prometió durante la campaña electoral en una carta pública al Arzobispo de San Salvador y en un compromiso escrito a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Esto es bueno, porque hasta ahora imperaba un confuso silencio al respecto. El ministro de Medioambiente y otros funcionarios desaprobaban en privado las actividades mineras, pero públicamente callaban. Es más, un asesor del MINEC afirmó –en un foro reciente organizado en la UCA– que el nuevo gobierno no tenía postura a favor ni en contra de la minería de metales. De igual forma, el Fiscal General en funciones se jactó –frente a una delegación de activistas de derechos humanos estadounidenses– de haber sugerido al Ejecutivo plantearse neutral frente a dicha industria.
Qué bueno, entonces, que el Mandatario despeje todas las dudas. Sin embargo, Funes comete un error cuando sostiene que no necesita concretar su decisión en una acción legal, porque “las palabras del presidente de la República son suficientes”.
El Jefe de Estado parece ignorar que las declaraciones públicas sirven para el debate, pero no tienen efecto legal. Por tanto, debe emitirse una normativa que oficialice el rechazo gubernamental a la nociva explotación minera. En tal sentido, podría pedir a los ministerios de Medioambiente, de Economía y al secretario técnico de la Presidencia, aprobar un decreto ejecutivo que declare inviable la extracción de metales.
Quizá Funes tampoco sabe que la lógica en los reclamos de las empresas mineras es que el Estado salvadoreño les impide realizar proyectos, aún cuando existe una ley que los permite. Por tanto, el Ejecutivo urge proponer a la Asamblea Legislativa una nueva normativa minera que prohíba la minería metálica, como plantea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde 2005.
Importante también es la decisión –expresada por el presidente Funes– de enfrentar la demanda de Pacific Rim, empresa que exige una indemnización de 100 millones de dólares al gobierno por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Un caso con implicaciones peligrosas, donde una transnacional se ampara en el CAFTA para enjuiciar al país en un tribunal corporativo del Banco Mundial.
Tanto la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica como importantes organizaciones internacionales buscan construir con el gobierno salvadoreño un frente común contra Pacific Rim, cerrando filas e implementando una estrategia coordinada.
En esto debe considerarse también la posibilidad de revisar el Capítulo 10 del CAFTA, la Ley de Inversiones y acuerdos bilaterales de inversión, para cerrar las puertas a nuevas demandas millonarias contra el país.