La semana anterior estuvo inundada de balances sobre los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno. Pero algunos sectores y “analistas” evaluaron la incipiente administración del presidente Mauricio Funes olvidando –al menos– dos aspectos fundamentales para una revisión realista del inicial trabajo gubernamental.
En primer lugar, el balance es positivo. No sucedió la catástrofe que advertía ARENA durante la campaña electoral; al contrario, se registran logros destacables en materia de salud, educación y seguridad social que no es propósito de este artículo detallar. La creación del Consejo Económico Social es una acción de diálogo nacional que podría fructificar si cambian de actitud los sectores que bloquearon el Foro de Concertación Económica y Social resultante de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Pero un balance positivo también señala lo negativo. En este sentido, es inevitable referirse al abordaje inadecuado de problemáticas como la construcción de la represa El Chaparral, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y la falta de medidas en lo estratégico que confirmen un real cambio de rumbo.
Y en segundo lugar, la evaluación debe ser integral. No sólo debe revisarse el desempeño del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, principalmente las que inciden en el éxito o fracaso del gobierno central (Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas de la República, etc.)
También hay que evaluar la actitud de la oposición de derecha que todavía controla la mayor parte del aparato estatal, incluso entes del Ejecutivo como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Esta revisión incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, centros de pensamiento y líderes religiosos conservadores.
Lo anterior plantea a las organizaciones ciudadanas y demás actores progresistas la necesidad de un “acompañamiento crítico” al nuevo gobierno, respaldándolo en las decisiones acertadas y señalando los errores que cometa. Para esto es necesario tomar en cuenta tres situaciones.
1. La gestión del presidente Funes no puede resolver en 100 días los problemas que ARENA generó en 20 años. Entre otras razones, porque carece de recursos suficientes, pues los gobiernos anteriores quebraron financieramente al Estado. Hay que comprender las limitaciones y posibilidades.
2. El poder del nuevo gobierno es limitado, y la derecha –de proponérselo– podría derribarlo. Por tanto, es urgente construir un fuerte poder ciudadano frente al poderío económico, político y mediático de las elites que gobernaron el país para beneficio propio.
3. La visión debe ser de largo plazo. Éste no es un gobierno para establecer el socialismo, es un gobierno de “transición a la democracia” que podría sentar las bases para un proyecto de país incluyente, mediante reformas cada vez más profundas, en un proceso que va más allá de un quinquenio presidencial.