La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica realiza una campaña informativa sobre las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), advirtiendo sus graves implicaciones en las finanzas, institucionalidad, estado de derecho y soberanía del país.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
