Señor Presidente de la República, Mauricio Funes:
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.