Después de varios meses de silencio sobre la problemática minera, la Iglesia Católica vuelve a la carga. Esta vez, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al Presidente de la República, Mauricio Funes, interceder ante su homólogo guatemalteco, Álvaro Colom, para revertir un proyecto minero que dañaría a El Salvador.
Es la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala), a sólo 18 kilómetros de Metapán, Santa Ana. El proyecto es operado por la minera canadiense Goldcorp. Sus desechos llegarían al Río Lempa, debido a su conexión subterránea con el Lago de Güija que recibiría los residuos con cianuro, metales pesados y drenaje ácido a través de los ríos Ostúa y Angue.
La amenaza fue planteada –en octubre de 2008– por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, basada en denuncias de pobladores de la zona, estudios del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y notas periodísticas sobre la creación de un grupo de monitoreo del agua, con miembros del Ejecutivo salvadoreño, Alcaldía de Metapán y del Ministerio de Medioambiente de Guatemala.
El 1º de febrero recién pasado, el Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, en solidaridad con Monseñor José Luis Escobar Alas, planteó la misma petición al Presidente guatemalteco, Álvaro Colom, a quien pidió detener la referida mina, que está en proceso de construcción para extraer de oro y plata.
Los posibles estragos que la explotación minera de Guatemala causaría en nuestro país, confirman que no es suficiente prohibirla en El Salvador, sino que es necesario evitar que naciones vecinas realicen estos proyectos cerca de nuestras fronteras. Es decir, la cercanía territorial y la conectividad hídrica exigen abordar la minería de metales como un problema regional.
Este planteamiento lo hizo el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, en su “Resolución sobre los Impactos Ambientales y Socioculturales de la Actividad Minera en los Países de la Región”, aprobada el 30 de julio de 2009, en Panamá, por iniciativa del procurador salvadoreño, Óscar Luna.
Según dicha resolución, la minería está entre las actividades más contaminantes, es un riesgo para la salud y vulnera los derechos humanos. Y señala como casos impactantes los conflictos en San Marcos (Guatemala), contaminación del Río San Sebastián (El Salvador) y daños a la salud en Valle de Siria (Honduras), Bonanza (Nicaragua), San Carlos (Costa Rica) y Cerro Petaquilla (Panamá).
La administración Funes está enterada del problema, pues el Vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, visitó el lugar –en el marco del Plan Trifinio– y escuchó la preocupación de las comunidades del norte santaneco, a quienes prometió discutirla con su homólogo Guatemalteco, Rafael Espada.
El Presidente Mauricio Funes debe atender con rapidez la solicitud del Arzobispo de San Salvador, antes de que sea tarde. Por su lado, la sociedad civil centroamericana debe presionar para que todos los gobiernos de la región prohíban la minería de metales en sus países.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
