¿Un TLC para las empresas mineras?*
A inicios de semana se reanudaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Canadá. El titular de la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía, Carlos Moreno, anunció la continuación de la XII ronda de negociones iniciada en 2009.
Moreno admitió que las negociaciones están avanzadas en un 85%, e informó que esta semana se discutirá sobre el acceso a mercados, inversiones, reglas de origen, asuntos institucionales, servicios, defensa comercial, entre otros aspectos.
En un comunicado de prensa, el funcionario del MINEC, plantea la posibilidad de ampliar el acceso de productos nacionales al mercado canadiense, al cual El Salvador exportó $23.2 millones en textiles, azúcar y café; e importó $33.5 millones en papel, máquinas y carne, en el año 2009.
Sin embargo, Moreno oculta un dato que revela el mayor peligro de un TLC con Canadá: el riesgo de que éste favorezca a las empresas mineras, que son la mayor inversión canadiense en Centroamérica. En el país, Pacific Rim es la principal representante de ese capital norteamericano.
Las compañías extractivas urgen de un TLC entre los países centroamericanos y Canadá, para proteger sus intereses en la región, donde enfrentan una resistencia social creciente debido a los graves daños ambientales, sociales y económicos que provocan sus operaciones.
A falta de un TLC entre Centroamérica y Canadá, Pacific Rim creó una filial en Nevada (EE.UU) para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y demandar el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Para Pacific Rim y demás empresas mineras canadienses instaladas en Centroamérica, el TLC con Canadá sería un instrumento legal más expedito que el CAFTA-DR para enjuiciara los Estados de la región en el CIADI y demás tribunales corporativos internacionales, obligándoles a pagar millonarias indemnizaciones.
Dado lo anterior, todos los sectores nacionales deben rechazar la firma de un acuerdo comercial con Canadá, que beneficie a las compañías extractivas y genere al país millonarios arbitrajes violatorios de la soberanía y autodeterminación del país.
La ciudadanía también debe exigir al Gobierno del Cambio renunciar a las políticas de libre comercio prevalecientes durante los gobiernos anteriores, cuyos resultados son innegables: crisis económica, deterioro ambiental irreversible, grave situación de inseguridad, debilidad institucional, expulsión de la tercera parte de la población, etc.
Esto desmiente lo prometido por las adminis-traciones de ARENA cuando promovieron los TLC, especialmente el CAFTA-DR: grandes inversiones extranjeras, cientos de miles de empleos, oportuni-dades de exportación al mercado estadounidense, etc.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.