Este día inició la audiencia preliminar contra el Estado salvadoreño, demandado por la empresa canadiense Pacific Rim, que lo acusa de violentar “sus derechos” al negarle licencias de explotación minera en Cabañas.
El juicio se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial con sede en Washington, donde Pacific Rim exige al gobierno de El Salvador una indemnización de $100 millones por impedirle extraer oro y plata del subsuelo nacional.
Hasta este momento, los abogados del Estado salvadoreño han presentado sus objeciones iniciales, después de que Pacific Rim presentó sus argumentos, amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR) y la Ley de Inversiones.
La representación del gobierno salvadoreño rechaza la demanda de Pacific Rim, pues el derecho violentado es inexistente; es decir, nunca adquirió derechos porque las licencias de explotación no son automáticas, sino que dependen del permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.
Y Pacific Rim no obtuvo dicho permiso ambiental –y por consiguiente la licencia de explotación- debido a que no presentó un estudio de factibilidad ni logró demostrar que sus proyectos no causarían daños.
Ante esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa lo siguiente:
1. Respaldamos los argumentos de gobierno salvadoreño, pues su decisión de no permitir la minería es legal y legítima. Legal porque la Ley de Minería no obliga al Estado a otorgar licencias de explotación después de asignar permisos de exploración, y es legítima porque busca proteger el medioambiente y la salud humana.
2. De igual forma apoyamos la petición de que el CIADI se declare incompetente de conocer el caso o que declare frívola la demanda, dada la falta de argumentos válidos por parte de Pacific Rim.
3. Recordamos que es Pacific Rim la que debe ser demandada, debido a que causó daños ambientales y conflictividad en Cabañas, donde sus actividades han provocado la muerte de cinco personas.
4. Denunciar al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), como mecanismo para que empresas transnacionales demanda a los Estados cuando sus intereses sean afectados.
5. Advertir sobre los riesgos de suscribir un Tratado de Libre Comercio con Canadá, ya que podría favorecer a empresas como Pacific Rim.
San Salvador, 31 de mayo de 2010.