La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el cierre de la mina Marlin, operada por la canadiense Gold Corp en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos (Guatemala), debido a la grave contaminación ambiental y daños a la salud de dieciocho comunidades indígenas man y sipakapenses.
Además de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral, la compañía extractiva generó conflictos sociales en la zona y cometió graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH otorgó al Estado guatemalteco un plazo de veinte días para suspender definitivamente las actividades de Gold Corp y le mandó impulsar acciones para descontaminar los afluentes, atender los problemas de salud causados por la explotación minera y garantizar la integridad de los pobladores.
Dicha resolución es doblemente importante. Primero porque la CIDH resuelve a favor de la población afectada por la minería, ante la inacción del gobierno de Guatemala, sobrepasado por la presión de las empresas extractivas acusadas de comparar voluntades institucionales y atentar contra funcionarios que buscan requisitos más estrictos para la explotación de minerales.
Y segundo porque sugiere el camino para revertir la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), si las autoridades guatemaltecas rechazan la petición de las organizaciones comunitarias, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala que advierten sobre la contaminación del Lago de Güija y el Río Lempa.
Es decir, ante la negativa del gobierno guatemalteco y el esperanzador precedente de la CIDH con la suspensión de la mina Marlin, los opositores al proyecto Cerro Blanco podrían activar los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para detener esta otra mina de Gold Corp.
Hasta ahora, el gobierno de Guatemala se ampara ilegítimamente en el principio de soberanía de cuenca para permitir la instalación de la mina Cerro Blanco, situación facilitada por la falta de una oposición firme de las autoridades salvadoreñas.
El gobierno de El Salvador aún no protesta formalmente, a través de Cancillería, ante su similar guatemalteco por el proyecto de Gold Corp ubicado a sólo dieciocho kilómetros de Metapán, Santa Ana. Excepto declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco del Plan Trifinio, no existe rechazo oficial salvadoreño a la mina que acabaría con el Río Lempa.
A pesar de las constantes reuniones para abordar la situación política de Honduras, el Presidente Mauricio Funes no ha discutido este problema con su homólogo guatemalteco Álvaro Colom, y el tiempo se acaba porque la mina en cuestión está por iniciar sus operaciones.
La acción de la Administración Funes es urgente, pues una eventual demanda en tribunales internacionales tendría menos posibilidades si el Estado salvadoreño no oficializa su protesta ante Guatemala, que podrá utilizar tal omisión como argumento a su favor. Por tanto, el país entero debe exigir al Presidente Funes y al canciller Hugo Martínez demandar de Guatemala la suspensión inmediata de la mina Cerro Blanco.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.