El pasado lunes 2 de agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) rechazó las objeciones preliminares del Estado salvadoreño y admitió la demanda de Pacific Rim, empresa canadiense que exige al gobierno una millonaria indemnización por negarle permisos de explotación minera en Cabañas.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, plantea tres consideraciones:
La primera es que la decisión del CIADI constituye un precedente nefasto, en tanto enjuicia a un país que, basado en su soberanía y autodeterminación, rechaza proyectos inviables ambiental y socialmente; y admite la demanda de una empresa que secó afluentes, generó violencia y compró voluntades en su fallido intento de extraer metales del subsuelo nacional. En tal sentido, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condenan categóricamente la decisión del CIADI, tribunal del Banco Mundial proclive a los intereses corporativos.
La segunda es que el gobierno de El Salvador debe replantear su estrategia de defensa del caso, caracterizada hasta hoy por el ocultamiento de información y su negativa a unir esfuerzos con la sociedad civil organizada para enfrentar las demandas de las empresas mineras.
Y la tercera es la urgencia de aprobar una Ley que prohíba la minería de metales en forma definitiva para evitar nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, y derogar toda la legislación que permite a transnacionales como Pacific Rim y Commerce Group demandar gobiernos que rechazan sus nocivos proyectos. Esto incluye revertir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), rechazar el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), descartar el TLC con Canadá, derogar la Ley de Inversiones, revisar los convenios bilaterales de inversión y renunciar al CIADI.
San Salvador, 10 de agosto de 2010.