El país evidencia un declive en la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo una de las afectaciones más palpable la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, sustituida por la Ley General de la Minería Metálica, promovida por el Ejecutivo, que con su implementación compromete el derecho humano al agua, alimentación, salud y vida digna de la población salvadoreña.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador forma parte del Colectivo EPU-DESC El Salvador.