A dos años del asesinato de los compañeros y compañeras ambientalistas Dora Sorto y Ramiro Rivera, y en el marco de la anunciada fase final de las peligrosas negociaciones de un tratado de libre comercio que sostienen funcionarios salvadoreños con el Gobierno de Canadá, venimos hoy a honrar la lucha que impulsaron en vida nuestros compañeros en contra de proyectos de explotación minera.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica expresa hoy su más enérgico rechazo a cualquier inversión en proyectos de minería metálica que quiera impulsarse en El Salvador. El combodel Presidente Mauricio Funes de el TLC con Canadá, la propuesta de Ley de Asocio Público-Privado y el Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos son la continuación de políticas neoliberales de privatización de servicios y bienes públicos que afectarán más los precarios derechos económicos, laborales, sociales y culturales de la población salvadoreña. Al igual que la privatización de servicios durante los años noventa con Cristiani y Calderón Sol, la Dolarización en el 2001 con Francisco Flores, y el Tratado de Libre Comercio con USA en 2004 con Antonio Saca; y tantas otras medidas similares, el Gobierno de Funes busca garantizar la inversión extranjera a toda costa y a cualquier precio.
Como si nadie hubiera aprendido la dura lección de privilegiar indiscriminadamente el libre mercado, los Gobiernos de El Salvador y Canadá han estado evaluando nuevas formas de inversión y negociando a espaldas de la gente un tratado de libre comercio entre ambos países. Estamos seguros que si estas medidas neoliberales hubiesen tenido algo de éxito, El Salvador y Centroamérica no estarían hoy sumidas en una crisis de vulnerabilidad y pobreza, o en una crisis humanitaria que cruelmente expulsa de sus países a miles y miles de migrantes cada día. No es posible combatir una enfermedad o un padecimiento si no se cambian o abandonan las condiciones que la provocaron. A la administración de Funes parece no significarle nada que 85 de cada 100 salvadoreños/as vivan en una zona propensa a desastres; que 500 salvadoreños/as tengan que emigrar diariamente hacia el exterior, en búsqueda de condiciones que no ven posibles en el país. ¿Cuál ha sido entonces el éxito de estos acuerdos comerciales? El Salvador, hoy, es una nación más pobre, más vulnerable y mucho menos soberana porque dependemos de mercados externos y porque no somos capaces de producir nuestro propio alimento.
Ya en 2008, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” señaló que el 62.5% de la población encuestada en territorios con potencial minero se oponían a dicha industria por no considerarla viable ni económicamente rentable. Basados en la experiencia de lo que ha significado el CAFTA o el TLC con Estados Unidos, podemos decir que este nuevo tratado comercial con Canadá solo profundizaría en nuestra tierra la injusticia, la desigualdad y la dependencia económica, política y social a la que los países periféricos han estado sometidos intencionadamente. Esa es la naturaleza imperialista de los tratados comerciales: buscan legalizar los privilegios de las grandes transnacionales.Así lo demuestran las dos demandas millonarias que empresas estadounidenses y canadienses han entablado contra el Estado salvadoreño ante un tribunal de arreglo de inversiones del Banco Mundial. En total, ambas demandas exigen cerca de 200 millones de dólares y alegan que el Tratado de Libre Comercio les permite está por encima del derecho soberano del pueblo salvadoreño de decir NO a un tipo de inversión que amenace su vida y la de las generaciones futuras.
Junto con las comunidades organizadas en los departamentos de Chalatenango, Cabañas y La Unión, donde la población ha dicho que no está dispuesta a ceder ni un centímetro de tierra a las empresas mineras; venimos a decir NO al TLC con Canadá, porque sabemos que la minería es una de sus principales industrias y la medula de ese tratado: de ella depende el 3.7% de su Producto Interno Bruto y representa el 30% del mercado mundial de minería. Para este año, 43 de las 137 –es decir más del 30% del total- de demandas en tribunales del Banco Mundial eran concernientes a asuntos de minería, petróleo o gas. Ante ese modelo de desarrollo y los acuerdos comerciales que convierte a los países en mercados y mercancías sin respetar los derechos sus poblaciones, las organizaciones sociales, comunitarias y religiosas que trabajamos por la sustentabilidad ambiental y por la defensa de los Derechos Humanos, expresamos hoy que:
Aunque a los políticos sean fáciles de comprar y corromper con el dinero, el pueblo salvadoreño y los ideales de democracia, sustentabilidad y justicia que soñamos no están en venta.
Los compañeros Ramiro y Dora viven en nuestras luchas.
¡No a la minería metálica! ¡No al TLC con Canadá!
San Salvador, 20 de diciembre de 2011