En el contexto de discusión de la Ley de Asocio Público-Privado (APP) y su deshonrosa aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica hace público su más enérgico rechazo a este nuevo intento de privatización de servicios públicos.
Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica manifestamos además nuestra profunda preocupación de que la Ley de APP abra las puertas para la aprobación de proyectos mineros en nuestro país.
Mientras no se cuente con Ley que prohíba la Minería Metálica o una Ley General de Aguas orientada a revertir el estrés hídrico que sufrimos, es irresponsable y repudiable que se apruebe un marco jurídico como la Ley APP, que sienta las condiciones para agudizar gravemente la depredación ambiental y por ende, la crisis socioambiental que vivimos. Es absurdo y equivocado que se repitan medidas que ya demostraron ser la causa de muchos de nuestros problemas estructurales. La vulnerabilidad ante desastres, al igual que el deterioro ambiental, las enormes desventajas presupuestarias e institucionales para enfrentar el Cambio Climático, la migración forzada, la exclusión y la violencia social son el resultado de no controlar la actitud voraz del mercado. Los bienes y recursos que son patrimonio del Estado deben orientarse para garantizar la vida digna de la población, no para financiar el lucro depredador de las corporaciones. Las propuestas de Asocio Público constituyen la continuación de las políticas neoliberales de privatización de servicios públicos que afectarán los derechos económicos, sociales y culturales de la población salvadoreña. Desde una lógica por la sustentabilidad ambiental, exigimos a las autoridades del Gobierno y a la Asamblea Legislativa que en lugar de hacer valer los programas del Fondo Monetario Internacional, hagan valer con la misma importancia y celeridad, las leyes de agua, de la prohibición de la minería metálica, así como la ratificación del artículo 69 de la Constitución que establece el derecho humano al agua y a la alimentación.
Rechazamos y desmentimos que las concesiones a privados sean la solución para mejorar la prestación de servicios a la población. Enfatizamos que si en El Salvador se persiguiera la elusión y evasión fiscal, así como si se aprobara un pacto fiscal progresivo donde los que tienen más pagan más, el Estado contaría con las condiciones y recursos suficientes para hacerlo. Llamamos a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que hagan respetar la soberanía de nuestro país. Existen diversos tratados internacionales como el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad del SICA, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Convención de Río de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen el derecho de las poblaciones para participar y decidir sobre el uso que se le dará a los recursos de sus territorios. Los Asocio Públicos Privados son nada más y nada menos que una afrenta más para cualquier posibilidad de construir un modelo de desarrollo digno, justo y sustentable.
DIPUTADOS Y DIPUTADAS : DEFIENDAN LA SOBERANÍA DEL PUEBLO SALVADOREÑO
¡No a la propuesta de ley de Asocio Público Privado!